Sin embargo, las autoridades de la ciudad de Saitama excluyeron hace poco el grupo infantil de la escuela coreana de la lista de distribucion de mascarillas que incluye todos los jardines infantiles y guarderias locales.

Al argumentar la medida discriminatoria, ofendieron el honor de los coreanos residentes en Japon disparateando que las "mascarillas distribuidas pueden ser usadas impropiamente" o "vendidas".

Indignados por el caso, los funcionarios de la Chongryon (Asociacion General de Coreanos Residentes en Japon) y los compatriotas en ese pais libraron una campana de protesta de 3 dias.

Rendidas ante las criticas de los medios de prensa dentro y fuera del pais y la opinion publica, las autoridades urbanas se vieron obligadas a declarar el reparto de mascarillas tambien al grupo infantil coreano.

Pero, el alcalde de Saitama no pidio disculpas por el acto de discriminacion nacional inhumana e inhumanitaria diciendo que "(el cambio de decision) no es una respuesta a la protesta" y "se obtuvieron mas mascarillas y se ampliaron los blancos de distribucion para prevenir el contagio".

El presente caso no es una simple cuestion de tapabocas sino el asunto relacionado con la vida y la dignidad de todos los coreanos radicados en Japon.

La realidad demuestra que la politica de discriminacion nacional de las autoridades es aceptada por las autonomias locales y toda la sociedad japonesa esta contagiada con el "virus" de ultranacionalismo, chovinismo nacional y xenofobia a la comunidad coreana.

Historicamente, los reaccionarios japoneses hacian reinar en todo el archipielago la ola xenofoba al coreano considerando la RPDC y su digna entidad de ciudadanos en ultramar, la Chongryon, como espinas atravesadas en la garganta.

En particular, Abe y su banda, que tomaron como politica estatal la campana anti-RPDC y anti-Chongryon, recrudecen las maniobras de supresion a la Chongryon con los metodos mas astutos que los usados por los ejecutivos antecesores y extienden sus garras hasta a los ingenuos alumnos y ninos coreanos.

Es un deber legal y obligacion historica de las autoridades japonesas proteger la seguridad fisica, los intereses y los derechos de los coreanos residentes en su pais y sus hijos, victimas directas del coloniaje japones sobre Corea y sus descendientes.

Por el contrario, ellas suspendieron el pago de subsidios a las escuelas coreanas y excluyeron a estas y los grupos infantiles del sistema de apoyo a la escuela superior y a la ensenanza y crianza de infantes.

La amenaza, calumnia y acciones violentas de los gangsteres contra los coreanos radicados en Japon, que se reportan casi todos los dias, y otras muestras anti-RPDC y anti-Chongryon en la sociedad japonesa son una "epidemia social" causada por la politica hostil y la otra de discriminacion a la nacion coreana del actual gobierno.

La responsabilidad del presente caso recae enteramente sobre las autoridades japonesas.

Ellas deben pedir disculpas a todos los coreanos en su pais, en vez de describir el caso como si fuera un asunto del gobierno local.